jueves, 10 de septiembre de 2009

Solicitan al Congreso…

La desaparición de las patentes de notarios públicos

* El gobierno debe de retomar la función del notario público, el cual le daría ganancias por el orden de los 70 millones de pesos

* Se debe de crear el Instituto Estatal del Notariado

La Paz B.C.S.- El LIC. JESÚS ARTURO RUBIO RUIZ, Se presento ante el congreso local a solicitar se analicen y valoren las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que contiene este libelo, a efecto de que a través del procedimiento legislativo correspondiente, en la entidad, desaparezcan las patentes de Notario Público, que actualmente explotan comercialmente una veintena de privilegiados del sistema, y en su lugar se constituya el Instituto Estatal del Notariado, recuperando de esta manera, el Estado, la función pública del notariado.

En esta época de crisis económica que tanto apremia a nuestra sociedad, consideramos injusto y criminal que el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos Municipales, pretendan obtener un empréstito gravoso, para enfrentar gastos de cuenta corriente, con pretexto de generar obra pública productiva, cuando existen otros medios MENOS COSTOSOS para la población económicamente activa, de sufragar la debacle económica que enfrentan las finanzas públicas estatales.

No es justo que se incrementen tarifas y costos, se carguen deudas públicas a los contribuyentes, y en general se nos pida austeridad a la población en general, mientras una veintena de privilegiados del sistema, viven en la abundancia, explotando lucrativamente las patentes de notario público, cuando el Estado tiene la facultad de recuperar dicha función, y con ello, allegarse recursos que bien podrían amainar la difícil situación que las finanzas públicas enfrentan.

Cálculos conservadores nos indican que la veintena de notarios públicos que lucran con su patente en el Estado, en conjunto se embolsan mensualmente dividendos del orden de los 70 setenta millones de pesos, capital que bien podría ingresar a la cuenta pública, en beneficio de TODA LA COMUNIDAD SUDCALIFORNIANA.

No existe ningún impedimento legal para que el Estado, a través del procedimiento legislativo que se propone, recupere la función del notariado público, mediante la cancelación de las patentes de notario otorgadas de manera graciosa, vitalicia y discrecional, al pequeño grupo de consentidos del sistema, y en su lugar, proceder a la creación y puesta en funcionamiento, de un Instituto Estatal del Notariado, en la Entidad, que ejerza la función y capte el cuantioso recurso que actualmente se embolsan los titulares de las patentes de notario público.

EL NOTARIO PÚBLICO, COSTOSA HERENCIA VIRREINAL

Desde que surgieron los primeros grupos humanos organizados, la necesidad de llevar un registro de los acontecimientos, hizo que aquellos capaces de dominar la escritura, formaran parte de un selecto grupo de allegados al dirigente de la agrupación.

Todas las culturas registran la figura del notario o escribano, y no siempre describiéndolos como personajes honestos.

Los evangelios aluden a uno de los apóstoles como escribano, encargo que le hizo ganar fama de corrupto y deshonesto.

Así llega a la edad media la humanidad, con una población analfabeta, que preservaba el privilegio de la lectura y escritura, a unos cuantos nobles, y a frailes confinados en monasterios.

El papel de aquel que era capaz de llevar anotaciones de aspectos importantes para el monarca que requería de sus servicios, lo convertía en un apéndice de la maquinaria del poder, y así se gesta la figura del notario público, que nos hereda la transculturización colonial, justificándose la necesidad de investir de fe pública a quien sabía escribir, por el hecho de que el grueso de la población era analfabeta.

Con la evolución natural de todo grupo social, México emerge como Nación independiente, liberándose de todos los yugos monárquicos, al constituirse como República Representativa y Democrática, y nuestra Constitución prohíbe canonjías y privilegios, por lo que es inadmisible que existan encargos públicos que permitan a particulares, gozar de fuero o de prerrogativas que antes se reconocían a la llamada realeza.

Aún cuando el constituyente trató de abolir todo instrumento de ejercicio de poder público que implicara un principio de desigualdad, la figura del Notario Público sobrevivió al nacimiento de la República, entre otras causas, por la alta taza de analfabetismo que acusaba nuestra población en los albores del siglo veinte, pero hoy en día, al iniciar el nuevo milenio, en un Estado de la República Mexicana que esta a punto de abatir del analfabetismo, resulta ANACRÓNICO otorgarle egregias prerrogativas a un sujeto, solo por el hecho de que puede llevar un registro escrito de acontecimientos jurídicamente relevantes.

La República preservó la función de NOTARIADO al Gobierno Estatal, y cada Estado la Ejerce, depositándola el en Ejecutivo, a cargo del Gobernador, quien a su vez, la confía en particulares, que la ejercen a través de las llamadas PATENTES DE NOTARIO. Tales patentes tal vez tenían justificación a principios del siglo pasado, pero actualmente, resultan una enorme carga, para el bolsillo de los gobernados.

En Baja California sur se gesta un proceso constante de evolución y crecimiento, en política, economía, educación, etc., y para estar acordes a la modernidad que vivimos, debemos cuestionar la validez que pueda tener en esta época la figura del Notario Público, cargo que se otorga en forma vitalicia, es heredable, y confiere una capa de impunidad, tal y como se hacía entre la realeza con los títulos nobiliarios.

Nada justifica que en esta época, un particular se beneficie de la explotación comercial del Notariado, a partir de una patente, cuando el Estado cuenta a través del ejecutivo, de la maquinaria administrativa que le permite ejercer esa función.

Si buscamos una característica común entre TODOS los notarios, sin lugar a dudas, la principal es que todos son ricos, y no cuestionamos la riqueza, de modo alguno, no es malo ser rico, por el contrario, aspirar a la riqueza es un motor de superación, y es válido que todos queramos alcanzar ese estatus, lo que nos complica la existencia no es la riqueza que ostentan los notarios, lo que nos resulta cuestionable es LA FORMA en que se enriquecen.

En un País cuya población se integra por un 70% de gente pobre, resulta insultante que un privilegiado, por el simple hecho de gozar de una patente que le permite comercializar una labor originalmente atribuida al Estado, cobre lo que quiera por un servicio que actualmente ya no está justificado.

Para muestra un botón: si usted requiere una certificación, ante la fe ministerial o ante la fe judicial, únicamente debe pagar el costo de la impresión; esto es, entre 50 centavos y un peso por hoja, pero si acude ante un notario público, una certificación de una sola hoja, le va a costar aproximadamente $70.00 SETENTA PESOS. No se vale. La fe pública es prerrogativa del Estado, y no es justo que su ejercicio mediante patente, permita que un favorecido del sistema, cobre lo que quiera, por ejercerla.

Es un insulto para el grueso de la población, que un notario gane en lo que tarda en estampar su firma, por certificar una hoja, lo que un obrero tardaría 16 horas de labor. Y solo estoy hablando de expedir copias certificadas, porque si hablo de lo que cuesta una escrituración, entonces tengo que recordarle que tuvo que pagar aproximadamente el 10% del costo de su casa, al notario, sólo por tomar nota de la operación.

Si quiere comprar una casa, piense que de cada diez pesos que gaste, uno va a ser para el notario. El estado nos cobra ese mismo porcentaje, vía impuesto al valor agregado, pero sabemos que una parte importante de ese cargo se aplica al gasto público, y nos es devuelto en servicios, escuelas, salud, etc. Todo lo que cobra el notario, por honorarios, va a parar a sus bolsillos. No se vale.

No se vale que una secretaria del Ministerio Público del Fuero Común en San Lucas, trabajando 10 horas diarias como promedio, PRESTADO UN SERVICIO PUBLICO, gane al día lo que un notario cobra por certificar una sola hoja.

Nada justifica que en esta época, el Ejecutivo no ejerza la función de Notariado, a través de un organismo administrativo, cobrando tarifas más razonables, en lugar se seguir delegando esa función, vía patentes a unos cuantos particulares, que hacen de ese ejercicio, un fabuloso negocio.

Desaparecer las patentes de notario público y ejercer ese servicio a través de una oficina pública dependiente del ejecutivo sería una medida plausible, que erradicaría la última reminiscencia virreinal, y fortalecería el carácter democrático, igualitario de nuestro Estado.

Por los notario no se preocupen, si pierden su patente no quedarían en el desamparo, todos ellos son profesionistas capaces, experimentados, que brillarían en los tribunales, alcanzando el éxito como litigantes, o bien, podrían dar clases en la universidad, de Derecho Notarial, por ejemplo. Alguno de ellos triunfaría como comentarista de televisión, en algún programa de crítica al gobierno estatal, patrocinado por la oposición, o podrían incursionar en el comercio, porque es un hecho que recursos económicos no les van a faltar.

Si en aras de la eficientización administrativa se recortó personal en muchas dependencias, está plenamente justificado que el Estado retire la patente de notario a los particulares y la ejerza vía el ejecutivo.

Sería un ejercicio de modernización que beneficiaría a todos los sectores, y creando una dependencia que cumpla la función del Notariado, permitiría crear muchas fuentes de trabajo, y el Estado se beneficiaría con los cuantiosos ingresos que hoy en día son botín de unos cuantos privilegiados.

Muchas personas que hoy se abstienen de escriturar por los altos costos del servicio proporcionado por notarios, podrían escriturar si el Estado retoma esa función, pues definitivamente se abatirían los costos, y con eso se fomentaría la seguridad jurídica, pues es un hecho que la tenencia de la tierra y la irregularidad con que se comercian los predios, es uno de los problemas más graves que enfrenta el mercado inmobiliario en el Estado.

Otro ejemplo: Los testamentos. Debería ser obligatorio dictar testamento. Así como es obligatorio registrar un nacimiento, una defunción, prestar servicio militar, estudiar primaria, también debería ser una exigencia que todos expresáramos formalmente nuestra voluntad final. Tal vez en cuanto a servicios de costo procedimental, para el Estado, los juicios relacionados con herencias sean los más caros, sin mencionar que familias enteras se destruyen peleando una herencia. Mucho dinero se ahorraría el Estado si el testamento fuera obligatorio. Pero si va usted a la notaría y pregunta lo que le cobran por ese servicio, se espanta y se retira.

El ejecutivo podría dar este servicio, vía ventanilla, a un costo razonablemente moderado, y TODOS saldríamos ganando. De lo contrario, los únicos que se van a seguir abultando los bolsillos, son los notarios. No se vale.

Y la impunidad. Otra cuestionable característica de la patente de notario, es el fuero que le otorga la legislación de la materia. ¿Sabían ustedes que no puede proceder judicialmente contra un notario público, si el gobernador no da su anuencia?

Es increíble. Tal y como ocurría en la Edad media, el notario, gozaba de impunidad, y solo por cédula real podían ser enjuiciados. Todos los servidores públicos, desde el más humilde hasta el Presidente de la República, están sujetos a órganos de Control y vigilancia, y los notarios públicos, que cobran lo que quieren, están bajo la supervisión del H. Consejo de Notarios, formado exclusivamente POR LOS MISMOS NOTARIOS, así que podemos imaginarnos que tan severo puede ser ese mecanismo de supervisión, sobre todo cuando nos enteramos que el local que ocupa sus oficinas, está cubierto de polvo, y sus vecinos no recuerdan la última vez que vieron a alguien trabajando en esas instalaciones.

Es vitalicio y heredable el ejercicio de la patente de notario. Si suena algo parecido al título de conde, o duque o marqués, está en lo cierto. La bendición divina que hizo a los reyes dueños de vidas y conciencias, permitió que los reyes favorecieran a sus allegados con títulos nobiliarios VITALICIOS Y HEREDABLES. Exactamente igual ocurre con las patentes de notario, solo cambie al rey por el gobernador, y a la nobleza por los notarios.

El compromiso colectivo de superar la crisis económica impone severos sacrificios a los gobernados, y mientras nosotros nos aplicamos a las limitaciones y complicaciones que conlleva este esfuerzo compartido, los señores notarios siguen cobrando lo que quieren. La mayoría de los servidores públicos deben esforzarse para conservar su empleo, en tanto los notarios contemplan esta problemática desde lejos. Ellos están a salvo. Ellos están seguros. Su encargo es VITALICIO. Ellos están seguros, y su linaje también. La patente de notario es HEREDABLE. El señor notario, sea o no sea competente, su ingreso es seguro. Cuántos y cuántos sudcalifornianos que a diario se afanan para sobrevivir, qué no darían por saber que no importando lo que pase, su fuente de ingresos está asegurada de por vida. Si estuviéramos en la edad media entenderíamos que esos privilegios se reservan exclusivamente para la casta divina, para los consentidos del sistema, para los elegidos de los Dioses: los notarios, pero estamos en el siglo veintiuno. No se vale.

La crisis no perdona, y castiga a todos por igual................... aparentemente.

Mientras el ejecutivo estatal hace dolorosos ajustes presupuestales, sacrificando el bolsillo de los gobernados, los notarios ni sufren ni se acongojan, solo ajustan sus honorarios a las circunstancias.

No se deje sorprender por el argumento que esgrimen algunos notarios de que COBRAN LO QUE QUIEREN PARA ASEGURAR SU HONESTIDAD Y EVITAR EL RIESGO DE INFRINGIR LA LEY A CAMBIO DE UNA DADIVA. Ganar mucho dinero no es garantía de honestidad. Recuerde el caso de aquel expresidente de la República.

Tampoco podemos aceptar el otro argumento que esbozan para pretender justificar su existencia: SI LA FUNCIÓN DE NOTARIADO LA ASUME EL GOBIERNO ESTATAL, HABRÍA CASOS DE CORRUPCIÓN.

Es cierto que al nombrar un servidor público se corre el riesgo de que incurra en actos de corrupción, pero es un riesgo que debemos asumir, porque todos somos susceptibles de imperfección en el desempeño del encargo, de la misma manera que EL HECHO DE QUE EL NOTARIADO LO EJERZAN PARTICULARES, NO GARANTIZA QUE LO HAGAN CON HONESTIDAD. Por ejemplo: Se integra una averiguación previa contra un notario público local que aparentemente “declaró” a una persona que falleció mucho tiempo antes de que “compareciera ante el Notario”.

Si nos preocupa que incorporar el notariado a la Administración pública propicie corrupción de los funcionarios a encargo, lo que debemos hacer es implementar mecanismos de control y vigilancia que permitan evitarlo, en vez de seguir tolerando que unos pocos continúen enriqueciéndose a costillas de los gobernados, con el inaceptable argumento de que ellos- los notarios- son incorruptibles.

Democracia significa, entre otras cosas, igualdad. Nos gustaría que a los notarios públicos, como servidores públicos que son, se les practicaran exámenes antidoping, se les auditara regularmente, se publicara una relación de sus propiedades, se les sometiera a evaluación regular y periódica de su capacidad y aptitud, se les exigiera que formularan una declaración patrimonial, pero sobre todo, por el bien de todos, que el Estado incorporara la función del notariado a la administración pública, y desaparecieran de Baja California Sur los privilegiados.

Los que votamos por el cambio queremos una redistribución mas justa del poder y del acceso a la bonanza económica.

Una promesa de campaña anunció la erradicación de figuras de privilegio para unos cuantos a costa de la mayoría, finalmente y por lo expuesto, dijo que con fundamento en lo dispuesto en la Ley Estatal del notariado, vengo a proponer se reforme la ley en cita, a efecto de que se erradique la patente de notario sujeta e explotación comercial de particulares, y dicha función sea reasumida por el Estado, a través de un INSTITUTO ESTATAL DEL NOTARIADO PUBLICO, dependiente del Ejecutivo del Estado.

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