A 5 años y ocho meses….
Siguen impunes las muertes de Narciso Agúndez Montaño
* Sus funcionarios lucraron con los muertos del camionazo en su toma de protesta
* Más de 35 narco ejecuciones en el estado
Armando SUÁREZ MARTÍNEZ
La Paz B.C.S.- L
as malas políticas tomadas por el gobierno que encabeza Narciso Agúndez Montaño, desde el 5 de Abril del 2005, en que tomo protesta como gobernador del estado de Baja California Sur, sin lugar a dudas que no solo ha dejado una estela de corrupción, inseguridad, ingobernabilidad, asimismo de sumir a la sociedad a una de las peores crisis económicas nunca antes vista, ni en los peores tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que también ha dejado decenas de muertos que todavía gritan por una justicia, ahí está el caso del camionazo en donde murieron más de 20 personas y más de 40 narco ejecuciones, en donde los autores intelectuales siguen protegidos con el manto de la impunidad.
Para el inepto gobernador del estado, los hechos lamentables en su administración han sido simplemente “hechos aislados”, ya que según él, desde que tomo las riendas del gobierno, el estado es el más seguro, y no lo dudamos, si lo comparamos con Tamaulipas, Tijuana, o Chihuahua, zonas que en la actualidad supuestamente se libra una cruenta guerra contra el narcotráfico.
La continuidad que busca Agúndez Montaño, no es otra cosa más que prolongar los actos de corrupción que ha caracterizado a su gobierno, la continuidad que busca, es la inseguridad que priva actualmente en el estado gracias a Lenin Geovanni Rodríguez Aguilar, Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quien es señalado de tener nexos con narcotraficantes como Teodoro García Simental (A) “El Tres Letras o El Teo”, asimismo de proteger a Adelaido Soto Aguilar (A) “El Gûero Layo”, principal distribuidor de drogas en el estado.
Como ya es sabido al inicio de la presente administración, a unas horas después de su toma de protesta el 05 de Abril del 2005, más de treinta familias del municipio de Comondú se vestían de luto, tras la trágica muerte de sus familiares en un camionazo ocurrido en el kilómetro 148 del tramo La Paz-Cd. Constitución, en donde las familias siguen esperando justicia para sus muertos, ya que hasta los funcionarios sacaron tajada de
dicha tragedia, y en donde los responsables siguen libremente, ya que hasta el momento ninguno ha sido procesado por dichas muertes, cuando se encontró responsabilidad por las mismas.
Sería pasada de las ocho de la noche cuando el camión de la muerte salió con destino al municipio de Comondú, de acuerdo al reporte de la Policía Federal Preventiva este informó que 23 personas murieron y 40 más resultaron heridas al registrarse el accidente vehicular a la altura del kilómetro 148 de la carretera La Paz-Ciudad Constitución.
El entonces comisario en jefe de la PFP en el estado, Elpidio Mejía, indicó que el percance se registró cuando un autobús urbano procedente de esta ciudad se impactó de frente contra un camión de carga, debido a una falla de operación.
Mejía explicó que al invadir el carril contrario, el autobús urbano se estrelló con un camión cargado con harina de pescado.
En el autobús viajaba a Ciudad Constitución un grupo de personas que un día antes asistió a la toma de protesta del gobernador Narciso Agúndez Montaño.
Se le permitió al autobús transitar por carreteras federales con la condición de que cumpliera con las normas de seguridad necesarias, pues hubo una demanda extraordinaria de transporte. Incluso, agentes de la PFP realizaron revisiones mecánicas a las unidades, explicó.
Sin embargo, en las primeras declaraciones de los sobrevivientes, el conductor del camión urbano iba ingiriendo bebidas embriagantes, por otro lado, los propietarios del transporte urbano, nunca fueron sujetos a proceso por haber permitido circular dicha unidad en zona federal, cuando sabían que la unidad no era adecuada, además de los organizadores del evento, entre los que se encontraba Juventino Cota Montaño.
Por otra parte, los vivales funcionarios vieron las oportunidad de sacar provecho del infortunio de las víctimas, al inflar en primer término las facturas de las lapidas que mandaron hacer para los muertos y que hasta la fecha se sigue debiendo más de 500 mil pesos, asimismo se les ofrecieron ciertos apoyos que nunca llegaron a su destino, pero que les hicieron hacer sus mentadas cartitas solicitando los apoyos y que al final también fueron modificadas engrosando cosas que nunca fueron solicitadas por los familiares de las víctimas.
A lo más que llegaron a tener las víctimas fue una fría tumba a la orilla de la carretera, en donde fue el accidente y que da muestra palpable la indiferencia del gobierno perredista por darles un justicia que claman y que hasta el término de la presente administración seguirá en el olvido.
Nunca en la historia del estado, ni en los peores tiempos de los Príistas, la entidad había perdido la tranquilidad que los ha caracterizado, ya que también el problema del narcotráfico se dio en los sexenios anteriores a 1999, sin embargo, fue en el 2005 cuando l
os narcotraficantes sentaron sus reales en el estado, esto con complicidad con las autoridades gubernamentales, al grado de que en lo que va de la presente administración se han realizado cerca de 40 narco ejecuciones.
La primera narco ejecución se dio el cuatro de mayo del 2005, a treinta días de haber asumido la gubernatura Narciso Agúndez Montaño, fue asesinado en la capital del estado en el transcurso de la noche a las afueras de un taller, Osvaldo Vidales Ríos, luego de que varios sujetos le cerraron el paso y le dispararon en tres ocasiones, recibiendo un impacto de bala en el pecho, otro en la entrepierna, fallando una, la cual fue a incrustarse en el tronco de un árbol, a quién se le encontró un envoltorio con cocaína.
Una semana después el 10 de mayo del mismo año, en la delegación de Cabo San Lucas, rumbo al faro viejo, había sido localizado una camioneta marca GMC, línea Jimmy de color azul rey, con engomado de ONAPAFFA entre el monte, y en su interior se encontraba el cuerpo sin vida de un joven de 23 años de edad, quien presentaba una herida en el cuello y un balazo en el abdomen, de acuerdo a la versión oficial, se trataba de un ajuste de cuentas entre puchadores, ya que se le encontró en su poder 10 grapas de cocaína y cristal, así como un cargador vacio de arma de fuego.
Asimismo en pleno centro de la ciudad de La Paz, siendo la madrugada del 12 de Junio del 2005, fueron ejecutados Gabriel Esteban Palomino Antuna, Alonso Domínguez Raya y Salomón Magaña Moya, este último distribuidor de drogas en el municipio de Los Cabos, los hechos ocurrieron en la esquina que conforman las calles de Esquerro y 16 de Septiembre, cuando dichas personas salieron del bar denominado “Casa de Villa”, quienes al abordar un Jetta color negro y llegar a dicho lugar fueron abatidos a tiros con arma de fuego al parecer cuerno de chivo.
Los presuntos sicarios salieron huyendo a bordo de un vehículo Voyanger, la cual fue dejada abandonada cuadras más delante de los hechos mencionados.
El 14 de Julio del 2005, treinta días después en el interior de una vivienda en la colonia 4 de Marzo, en la delegación de Cabo San Lucas, se tuvo conocimiento tras una llamada “anónima” había un cuerpo sin vida, siendo identificada la persona con el nombre de Marco Antonio Abarca Martínez (A)”El Marquitos”, quien fuera señalado por vecinos de vender droga en la zona.
Cinco días después del hallazgo de dicho cuerpo, el 19 de Julio del 2005, en la esta ciudad capital, elementos de las diferentes corporaciones tenían conocimiento que en las calles de Adrian Valadez y Guillermo Prieto, se había registrado una balacera con saldo de una persona muerta, quienes al llegar se percataron que en el interior del vehículo Pontiac Grand Prix, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, quien respondía al nombre de Cristina Sarabia Osuna de 24 años de edad, quien era acompañado de su novio Jorge Armando Saldaña Cuevas.
Saldaña Cuevas, es sobrino de la ex diputada y actual directora de Instituto Sudcaliforniano de la Mujer del gobierno del estado, Soledad Saldaña, asimismo es familiar del ex agente federal Francisco Saldaña, quien fuera ejecutado en Tijuana, Baja California Norte, el 05 de Junio del 2005, quien era señalado de tener la plaza de Comondú y Loreto, tras la muerte de José Guadalupe Diaz Salazar (A) “El Perro”.
En el fraccionamiento Bugambilias, en la delegación de Cabo San Lucas, el 25 de Julio del 2005, tres sujetos a bordo de un vehículo pick-up de color verde, le dieron por lo menos ocho impactos de bala a Francisco Rafael López Márquez y/o Miguel Ángel López López (A) “El Panchito”, cuando este caminaba por la zona.
Ya entrado el año del 2006, fue asesinado el 20 de Febrero en la cabecera municipal San José del Cabo, el chofer del empresario exitoso (según Narciso Agúndez) y actual promotor de la pesca deportiva en el estado (copa gobernador), Oscar Armando Deccarett, quien en vida llevará el nombre de José Joel León Sánchez (A) “El Pelón”, la ejecución se realizó cuando esta persona se encontraba esperando a su jefe, quien momentos antes había ingresado a su oficina, quien posteriormente había recibido una llamada telefónica , por lo que camino hacia atrás del vehículo que manejaba, cuando un desconocido le disparo hasta en siete ocasiones.
A “El Pelón” lo relacionaban con el narcotraficante Abraham Avilés (A) “El Banny”, quien fuera asesinado años atrás, cuando se encontraba a un costado del edificio que albergaba las oficinas de Seguridad Pública, Policía Ministerial, Ministerios Públicos y Juzgados.
A una semana del primer informe de gobierno, en la madrugada del 5 de Marzo del 2006, en las inmediaciones de los campos de beisbol de “El Piojillo”, sobre el libramiento carretero La Paz-Pichilingue fueron ejecutados al puro estilo del narcotráfico, con el tiro de gracia, Cuitláhuac Márquez Martínez, quien era hermano del entonces comandante general de la Policía Ministerial, asimismo junto con él fueron ejecutados José Guadalupe Ojeda Cota y Federico Morales Espinoza, encontrándose los cuerpos en un vehículo mazda modelo 1993, color gris sin placas.
Mientras que en Ciudad Constitución, en el domicilio ubicado en la calle Santo Domingo No. 381 y San Carlos de la colonia San Martín, el 24 de Enero del 2007, fue asesinado de dos balazos con arma de fuego 9 mm, la persona que en vida llevará el nombre de Manuel Ceja Robles (A) “El Michoacano) de 31 años de edad, siendo identificado Inés Zamudio Beltrán como el presunto asesino material, quien sigue impunemente protegido por el presidente municipal Joel Villegas.
Cuando llegó la autoridad al lugar, encontró sollozando a Mayra Alejandra Álvarez Villanueva, de 16 años de edad, originaria de Jacona, Michoacán, quien dijo que su esposo había sido asesinado alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando al calor de las copas, discutió con Inés Zamudio Beltrán, Sergio Zamudio Beltrán y el concuño de Sergio de nombre Francisco Javier de la Toba Arce “El Javier”.
Hasta el lugar llegaron el agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Pablo Rafael Palomares Limón; el médico legista Omar Gómez Reyes y Daniel Vizcaíno Huerta, perito de Servicios Periciales de la PGJE. El comandante de la ministerial encargado de la investigación fue Juan Gaynor Rosas y bajo sus órdenes tuvo a cuatro agentes: Andrés Alonso Campos, Marco Antonio Sánchez García, Víctor Manuel Talamantes Rubio y Omar Castañeda Román.
Sobre el asesinato de “El Michoacano” fueron presentados a declarar Mayra Alejandra Álvarez Villanueva –esposa del occiso–, José Alberto Meza de Anda, Francisco Javier de la Toba Arce y José Trinidad Torres Murillo. Extrañamente, en la diligencia no aparece ninguna declaración preparatoria del inculpado Inés Zamudio Beltrán, según información contenida dentro del expediente de la averiguación previa número 107/PME/CD. CONST./2007.
En su primera declaración, la esposa del asesinado dijo que el 19 de enero del 2007 habían llegado de Jacona, Michoacán y se hospedaron en el Hotel “Quinta Lolita” de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Pero otro día se fueron hasta Ciudad Constitución, porque su esposo tenía que comenzar a trabajar en un negocio de Inés Zamudio Beltrán.
Al día siguiente, la esposa de “El Michoacano” reclamó a su esposo porque había llegado muy tarde a su casa. Él respondió que era porque habían ido a revisar las tienditas donde Zamudio vendía droga y tuvieron que golpear a tres menudistas que habían fallado. Que en eso estaban cuando entró una llamada a su teléfono: era su jefe Zamudio para avisarle que estaba enviado con sus hijos un carro y dinero para que comprara cosas para su nueva casa.
En su relato, la jovencita dijo que Zamudio había llegado hasta su vivienda al día siguiente, que abrió un candado de una puerta donde él era el único que tenía llave y que sacó un arma AK-47, de los llamados “cuerno de chivo”, y sonriente regaló el fusil de asalto a Juan Manuel Ceja Robles.
“Mira, Mayra, me regaló un ‘cuerno de chivo’ el señor Zamudio”, le dijo a su esposa muy contento. Después se fueron a misa a invitación del narcotraficante y regresaron pasada la una de la mañana, y comenzaron a tomar en el patio de la casa.
La esposa del occiso declaró que de repente entró su marido a la recámara y le recordó que “la quería mucho”. Acto seguido se sale de la recámara y ahí lo intercepta una persona y le recomienda a “El Michoacano” que diga “estaba buena” porque si no se iba a enojar Zamudio. “Yo escuché como que algo estaban absorbiendo por la nariz”, y después escuché cómo que el señor Zamudio pretendía pegarle a alguien. Y en eso su esposo dijo “no le pegue, porque le va a pegar”, y fue cuando se escucharon las detonaciones.
Después que recogieron el cadáver, María Alejandra Álvarez Villanueva marcó desde el celular de su esposo a Zamudio, y le reclamó haber asesinado a su esposo. “Yo no sé nada”, le dijo. Después de colgar, marcó al hijo del narcotraficante, y encontró la misma respuesta: “Yo no sé”, respondió.
Ya para entonces el agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos de homicidio doloso de la zona norte de la PGJE, Luis Alberto López López, había tomado el caso. El expediente quedó archivado y no se dio vista a la PGR. Se recolectaron evidencias como una pistola 9 mm para uso exclusivo del Ejército Mexicano y un rifle de asalto AK-47 con cuatro cargadores y uno de disco.
“Por lo antes expuesto en el informe anexo y en base a lo manifestado por los testigos, se presume la responsabilidad de los hechos a la persona de nombre Inés Zamudio Beltrán de 45 años, aproximadamente, con domicilio en Ignacio Ramírez esquina con Rosaura Zapata de la colonia Centro de la ciudad”, dicen las conclusiones de los policías investigadores del caso.
El asesinato más mencionado fue el perpetrado el 28 de Julio del 2007, en contra de José Guadalupe Diaz Salazar (A) “El Perro” de 46 años de edad, quien fuera el compadre de Narciso Agúndez Montaño, gobernador del estado, quien fuera ultimado a tiros con arma 9 mm, quien se encontraba viendo unos terrenos ubicados cerca del bar denominado “El Tenampa”, propiedad de Gilberto Navarro Savín, en ese momento llego un vehículo pick-up Ford Ranger, tripulado por tres sujetos, quienes sin darle tiempo le dispararon dándole muerte frente a su hijo Oscar Diaz Leyva de 21 años de edad, quien resultara herido en ambas piernas.
Asimismo el 30 de Septiembre, presuntamente Diego Armando Quiroz Villa, ultimo a balazos al comandante general de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal, Manuel Ceseña Cota, quien al llegar a su domicilio en el estacionamiento, se introdujo el sujeto quien a quema ropa le disparo en varias ocasiones al jefe policiaco quien murió en el lugar de los hechos, sin embargo la familia sigue clamando justicia.
Asimismo se registró la desaparición de Rogelio Saldaña Cuevas y del ex Ministerio Público Federal, Alejandro Flores Gómez.
De acuerdo a la denuncia interpuesta, Rogelio Saldaña Cuevas, de 38 años anduvo acompañado de su esposa los días sábado y domingo pasado, ingiriendo bebidas embriagantes, siendo que la tarde del 14 de septiembre dejó a su pareja en su domicilio para acudir al taste del rancho Huichapa a unas carreras de caballos.
Luego no supieron nada de él, encontrando su vehículo un Ford 150, color blanco, sin placas y vidrios polarizados, abandonado en calles de Ciudad Insurgentes, presentando los neumáticos reventados.
Carlos Jesús Vega Andrade, de 21 años, y José Manuel Ochoa Pérez de 41, policías municipales del Ayuntamiento de La Paz, cayeron muertos ayer por la mañana en cumplimiento de su deber.
Luis Felipe González Olave, de 33 años, también uniformado, resultó gravemente lesionado con un balazo en la nuca y otro en la mandíbula, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General Juan María de Salvatierra de esta ciudad.
Cabe mencionar que Carlos de Jesús Vega Andrade, quien recibió un balazo en el corazón, era yerno del ex comandante general Manuel Ceseña Cota, muerto a balazos en la cochera de su domicilio el 30 de octubre de 2007, en la colonia Guerrero de esta ciudad.
Aproximadamente a las 9:30 horas de ayer 2 de febrero de 2010, acudieron a un domicilio ubicado en las calles Del Mar y Del Río del fraccionamiento La Fuente de esta capital, al sur de la ciudad, donde Yadira Guadalupe Mosqueira Ceseña, de 26 años de edad, reportó robo a su domicilio acudiendo personalmente a la comandancia del sector 4 de dicho fraccionamiento.
Al llegar a dicho domicilio abordo de una patrulla SSP-34 de la Policía Municipal Preventiva, se bajaron para verificar lo reportado y fueron recibidos a balazos por los delincuentes -al parecer tres individuos-, quienes utilizaron arma de fuego calibre 9 milímetros, quienes lograron darse a la fuga.
Al repeler la agresión, a los policías se les terminaron las balas porque llevaban seis cartuchos cada uno y desprotegidos, únicamente el lesionado portaba chaleco antibalas, los ahora occisos no.
Al tener la pistola vacía uno de los elementos intentó protegerse con un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad pero no lo logró, siendo alcanzado por un disparo y cayó muerto.
El otro corrió hacia dos vehículos estacionados en el lugar para protegerse, pero tampoco lo consiguió siendo herido mortalmente.
El lesionado Luis Felipe González Olave cayó en plena calle, con tres impactos de bala, uno en el cuerpo, otro en la nuca y el tercero en la mandíbula.
Se resalta que los delincuentes robaron la patrulla SSP-334 la cual fue localizada abandonada en las inmediaciones del Rastro Municipal.
La noche del domingo nueve de mayo del presente año, tres personas fueron ejecutadas -- entre ellas un menor de edad--, con armas de grueso calibre, cuando se encontraban en su domicilio, al sur de La Paz, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:10 horas en la colonia Villas del Encanto, cuando un sujeto ingresó al domicilio ubicado en calle Villas del Sauce, entre Los Maizales y Villa Ballena y disparó contra dos personas y un adolescente de 13 años.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Enrique Atondo Gastélum, comerciante, de 33 años y su hijo, así como un sujeto conocido como "El Gordo", de 32 años.
Según las primeras versiones, tras el ataque, el presunto agresor huyó a bordo de una camioneta negra que abandonó posteriormente en la misma colonia, en las calles Villas de Natalia entre Sahuaro y Encinos.
Fueron vecinos del lugar y trabajadores de una gasolinería quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
Según las primeras investigaciones, Atondo Gastélum estaba vinculado a actividades del narcotráfico.
Esta es la continuidad que Narciso Agúndez Montaño quiere imponer para la próxima administración estatal, ya que el candidato oficial, enfrenta severos señalamiento de nexos con el narcotrafico, al grado de que se le "amenzo" con unas narco mantas, y que hasta la fecha no se ha sabido los resultados de las investigaciones.
Estos son algunos de los tantos muerto que se han registrado en lo que va del sexenio más corrupto en la historia de Baja California Sur, ni en los tiempos del Partido Revolucionario Institucional, se habían visto narco ejecuciones, secuestros, levantones e inseguridad, sin embargo, todo lo que empieza mal, mal termina, esperemos que no sea así, ya que por lo regular son personas inocentes que termina siendo las perjudicadas.
